OAN Staff Blake Wolf
Jueves, 7 de agosto de 2025
Una jueza federal ordenó la suspensión de la construcción del centro de detención inmigrantes ‘Alcatraz de los caimanes’, en medio de los Everglades de Florida, debido a preocupaciones ambientales.
El jueves, la jueza federal de distrito Kathleen Williams, emitió el fallo durante una audiencia de que el centro puede continuar sus operaciones y albergar a detenidos. Sin embargo, la continuación de la construcción del centro está temporalmente prohibida durante las próximas dos semanas.
El fallo se produjo tras una reunión de ocho horas en la que cinco testigos fueron citados por los grupos ambientalistas que presentaron una demanda contra el centro de detención. Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee solicitaron a Williams que suspendiera las operaciones y las obras en el centro, argumentando que se construyó sobre humedales protegidos y que revierte miles de millones de dólares en restauración ambiental.
Los demandantes argumentaron que el centro de detención se construyó ilegalmente debido a que funcionarios federales y estatales eludieron un proceso de revisión exigido por la Ley Nacional de Política Ambiental.
“Esta es una ley de sentido común que exige al gobierno analizar los impactos ambientales, realizar un estudio de impacto ambiental, escuchar las opiniones del público y considerar alternativas, y nada de eso se hizo en el llamado ‘Alcatraz de los Caimanes’”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades.
Se espera que más testigos ambientales declaren el jueves, seguido del testimonio de funcionarios de Florida y del Departamento de Seguridad Nacional el próximo martes.
Williams continuó señalando que cualquier construcción en el sitio probablemente permanecería permanente, independientemente de la decisión del caso.
Durante la audiencia, Williams preguntó al abogado de Florida, Jesse Panuccio, si el estado detendría toda la construcción en el sitio para evitar la necesidad de una orden de restricción; sin embargo, Panuccio declaró que no podía garantizar que el estado detuviera todas las obras.
Panuccio continuó argumentando que el centro de detención fue construido y operado íntegramente por el estado de Florida, evitando la necesidad de una revisión de la Ley Nacional de Política Ambiental.
Paul Schwiep, abogado de los grupos ambientalistas, refutó el argumento de Panuccio señalando que las instalaciones operan albergando a detenidos exclusivamente bajo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), razón por la cual se requiere en última instancia la revisión ambiental.
Williams afirmó que, como mínimo, las instalaciones eran una colaboración conjunta entre los gobiernos federal y estatal.
Además, se programó para el 18 de agosto una audiencia por una segunda demanda interpuesta por activistas de derechos civiles, quienes argumentan que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos, ya que se encuentran retenidos sin cargos formales y se les prohíbe reunirse con abogados.
Las demandas se presentan mientras el gobernador de Florida, Ron DeSantis (republicano por Florida), supuestamente planeaba construir un segundo centro de detención de inmigrantes en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional en el norte de Florida.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
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