OAN Staff Abril Elfi
Miércoles, 21 de mayo de 2025
La administración Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee la orden de un juez que exige al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) responder a una serie de preguntas y divulgar documentos relacionados con sus tareas y responsabilidades.
El juez de distrito estadounidense Christopher Cooper en Washington, D.C., ordenó a DOGE revelar más información al grupo de vigilancia Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés), tras argumentar que DOGE era “probablemente una agencia gubernamental sujeta a la Ley de Libertad de Información federal (FOIA, por sus siglas en inglés) “.
Además, Cooper argumentó que CREW tenía derecho a confrontar a la administradora interina de DOGE, Amy Gleason, durante una declaración jurada.
Sin embargo, el 14 de mayo, un tribunal federal de apelaciones denegó la suspensión de la orden judicial de Cooper.
Mientras tanto, el Procurador General de los Estados Unidos, John Sauer, sostuvo que la orden “extraordinariamente amplia e intrusiva” de Cooper distraería a DOGE de su misión de eliminar el fraude, el despilfarro y el abuso en el gobierno federal.
Sauer declaró ante el tribunal que tal esfuerzo básicamente frustra el propósito del litigio: exponer información privada del poder ejecutivo.
También calificó la orden como “una afrenta insostenible a la separación de poderes” y señaló que el gobierno probablemente lograría demostrar que DOGE es un organismo de la Casa Blanca exento de la Ley de Libertad de Información (FOIA), que permite al público consultar los registros gubernamentales.
“Este Tribunal ha rechazado incursiones similares en funciones sensibles del poder ejecutivo y no debería permitir que esta siga adelante”, escribió Sauer.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.