OAN Staff Abril Elfi
Viernes, 15 de agosto de 2025
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra el estado de California por sus regulaciones de emisiones.
El jueves, el DOJ presentó una demanda contra la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) por su “Alianza para Camiones Limpios”, que ha presionado a los fabricantes de camiones para que eliminen gradualmente los motores de combustión interna como parte de su esfuerzo por lograr motores de “cero emisiones” para 2036.
Según informes, se presentaron dos impugnaciones separadas: una a las restricciones para camiones pesados y otra a las directrices para vehículos ligeros.
“Acuerdo, contrato, asociación, mandato —como quiera llamarlo California—, esta acción ilegal intenta socavar la ley federal”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Adam Gustafson, de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia. “El presidente Donald Trump y el Congreso han invalidado las exenciones de la Ley de Aire Limpio que fundamentaron las acciones de California. La CARB debe respetar el proceso democrático y dejar de aplicar normas ilegales”.
La demanda fue presentada inicialmente por varios fabricantes de camiones, entre ellos Volvo.
El Departamento de Justicia argumentó que el estado había intentado ilegalmente invalidar las regulaciones ambientales federales.
En junio, el presidente Donald Trump firmó resoluciones del Congreso que invalidaron las exenciones otorgadas por la administración Biden.
“Sin estas exenciones, la Ley de Aire Limpio prohíbe a la Junta de Recursos del Aire de California intentar aplicar dichas regulaciones”, declaró el Departamento de Justicia. “Sin embargo, en una afrenta al estado de derecho, (la Junta de Recursos del Aire de California) busca eludir esa prohibición al imponer las normas de emisiones preexistentes a través de la Clean Truck Partnership”.
El Departamento de Justicia continuó afirmando que California estaba intentando, en efecto, “imponer una prohibición nacional de los motores de combustión interna en camiones pesados para 2036” mediante las regulaciones promulgadas a través de la “Alianza de Camiones Limpios”.
“La decisión de prohibir o no los motores de combustión interna en camiones pesados recae, en última instancia, en el gobierno federal. Y se ha negado a tomar una medida tan drástica”, afirma la demanda. “CARB continúa amenazando a los fabricantes de camiones que se niegan a cumplir con sus regulaciones preexistentes con severas sanciones civiles y un trato regulatorio hostil”.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
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