Departamento de Justicia demanda a Kentucky por política que ofrece descuentos en la matrícula estatal a inmigrantes indocumentados

(L) LOUISVILLE, KY - APRIL 12: Kentucky Governor Andy Beshear addresses the media during a press conference at University of Louisville Cardinal Stadium on April 12, 2021 in Louisville, Kentucky. Monday marked the opening day for the new vaccination site, which contains 28 lanes for drive-up appointments. In conjunction with the Beshear administration and University of Louisville Health, the site is staffed by volunteers from UofL Health, AmeriCorps, the Kentucky National Guard, the University of Louisville School of Medicine and other community members. (Photo by Jon Cherry/Getty Images) / (R) Kentucky Council on Postsecondary Education (Photo via: cpe.ky.gov)
(I) LOUISVILLE, KY – 12 DE ABRIL: El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, se dirige a los medios durante una conferencia de prensa en el Estadio Cardinal de la Universidad de Louisville el 12 de abril de 2021 en Louisville, Kentucky. El lunes se inauguró el nuevo centro de vacunación, que cuenta con 28 carriles para citas desde el automóvil. En colaboración con la administración de Beshear y el Departamento de Salud de la Universidad de Louisville, el centro cuenta con voluntarios de UofL Health, AmeriCorps, la Guardia Nacional de Kentucky, la Facultad de Medicina de la Universidad de Louisville y otros miembros de la comunidad. (Foto de Jon Cherry/Getty Images) / (D) Consejo de Educación Postsecundaria de Kentucky (Foto vía: cpe.ky.gov)

OAN Staff Blake Wolf

Lunes, 30 de junio de 2025

El Departamento de Justicia anunció una demanda contra el estado de Kentucky por ofrecer a inmigrantes indocumentados descuentos en la matrícula estatal, enfatizando que la ley “discrimina inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses”.

La demanda, anunciada el martes, declara: “Hoy, Estados Unidos impugna una regulación de Kentucky que ofrece una matrícula estatal reducida para inmigrantes indocumentados. Esta ley discrimina inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses, quienes no gozan del mismo privilegio, en directa contradicción con la ley federal”.

La demanda reiteró que Kentucky viola la ley federal de inmigración al ofrecer matrículas reducidas para inmigrantes indocumentados, mientras que los ciudadanos estadounidenses “no gozan del mismo privilegio”.

“Ningún estado puede permitir que trate a los estadounidenses como ciudadanos de segunda clase en su propio país ofreciendo beneficios financieros a inmigrantes indocumentados”, declaró la Fiscal General Pam Bondi. “El Departamento de Justicia acaba de ganar precisamente este asunto en Texas, y esperamos luchar en Kentucky para proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses”.

“En la demanda, Estados Unidos busca prohibir la aplicación de una regulación de Kentucky que exige a las universidades públicas ofrecer tasas de matrícula estatales reducidas a los inmigrantes indocumentados que se consideren residentes de Kentucky. La ley federal prohíbe a las instituciones públicas de educación superior ofrecer a los inmigrantes indocumentados beneficios que no se ofrecen a los ciudadanos estadounidenses. Esta regulación contradice abiertamente la ley federal y, por lo tanto, es inconstitucional según la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”, añadió el comunicado de prensa.

El gobernador Andy Beshear (demócrata por Kentucky) fue mencionado en la demanda, aunque su oficina posteriormente culpó al Consejo de Educación Postsecundaria de Kentucky, una agencia independiente.

“No hemos recibido notificación de esta demanda y no hemos tenido ninguna notificación previa ni hemos tenido ninguna conversación previa con el Departamento de Justicia al respecto”, declaró Crystal Staley, portavoz de Beshear.

“Según la ley de Kentucky, el Consejo de Educación Postsecundaria (CPE, por sus siglas en inglés) es independiente, tiene la autoridad exclusiva para determinar los requisitos de residencia estudiantil para la matrícula estatal y controla sus propias regulaciones. El gobernador no tiene autoridad para modificar las regulaciones del CPE y no debería ser parte en la demanda”, añadió Staley.

Mientras tanto, el representante estatal de Kentucky, T.J. Roberts, agradeció al presidente Donald Trump y a Bondi por la medida legal, ya que los republicanos de Kentucky ya han intentado corregir la “ley discriminatoria y antiamericana”.

La administración de Beshear ha tenido la oportunidad de corregir este error: primero, cuando presenté una legislación para esclarecer el asunto, y de nuevo, tras una impugnación legal exitosa en Texas. Desafortunadamente, el gobernador ha optado por ignorar esas oportunidades y, en cambio, continúa desafiando la Constitución, manipulando el proceso regulatorio para impulsar su propia agenda y abusando de las facultades de su cargo para impulsar sus ambiciones políticas nacionales. Es un lamentable perjuicio para el pueblo de Kentucky —declaró Roberts—.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

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