OAN Staff Brooke Mallory
Jueves, 10 de julio de 2025
Un juez federal ha impedido que la administración Trump aplique su orden ejecutiva, que busca restringir la ciudadanía por nacimiento a nivel nacional, a pesar de una reciente decisión de la Corte Suprema que limita el alcance de los mandatos judiciales nacionales contra las políticas presidenciales, según USA Today.
El 10 de julio, el juez federal de distrito Joseph Laplante, quien preside el caso en Concord, Nuevo Hampshire, emitió el fallo después de que defensores de los derechos de los inmigrantes solicitaran al tribunal que otorgara estatus de demanda colectiva a una demanda que impugna la directiva.
Los demandantes buscaban representar a todos los hijos de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos “cuya ciudadanía podría verse comprometida” por la aplicación de la política.
Al certificar el caso como demanda colectiva, Laplante autorizó una nueva orden judicial a nivel nacional, deteniendo así la implementación de la orden ejecutiva de Trump en todo el país. Calificó la decisión de otorgar la orden judicial como inequívoca, y manifestó su preocupación por que la implementación de la orden de Trump pudiera resultar en la despoja de la ciudadanía estadounidense a niños.
“Eso es un daño irreparable, la simple ciudadanía”, declaró. “Es el mayor privilegio que existe en el mundo”.
El juez también anunció que suspendería temporalmente su fallo durante varios días para permitir que la administración Trump presentara una apelación, y se comprometió a emitir una opinión escrita detallada antes del final del día.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), junto con otros demandantes, presentó la demanda pocas horas después de que la Corte Suprema, el 27 de junio, emitiera una decisión de 6 a 3, que restringió tres medidas cautelares a nivel nacional emitidas previamente por tribunales inferiores en distintas impugnaciones a la directiva de Trump.
La demanda se presentó en nombre de los inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos cuyos hijos podrían verse afectados. De acuerdo con el fallo a favor de Trump de la Corte Suprema, la orden ejecutiva del presidente republicano está programada para entrar en vigor el 27 de julio.
Buscando explotar una excepción delineada en la decisión de la Corte Suprema, los abogados de los demandantes argumentaron que el fallo permite a los jueces continuar prohibiendo las políticas de Trump a escala nacional a través de litigios de acción colectiva.
A pesar de que la Decimocuarta Enmienda estableció específicamente los derechos de ciudadanía para los afroamericanos anteriormente esclavizados y sus hijos, tras la Guerra Civil y el fin de la esclavitud, los tres jueces que emitieron medidas cautelares a nivel nacional argumentaron de forma similar que la directiva de Trump probablemente contraviene la cláusula de ciudadanía de la Enmienda.
Reiteraron que, si bien la Enmienda solo se aplicaba a los esclavos afroamericanos y sus hijos en ese momento, su interpretación contemporánea debe extenderse a todas las “personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos” que estén “sujetas a su jurisdicción”.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha mantenido que la orden de Trump es conforme con la Constitución de Estados Unidos y ha solicitado al juez Laplante que determine que los demandantes carecen de legitimación activa para proceder como grupo.
La orden ejecutiva de Trump instruye a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos a menos que al menos uno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal, comúnmente conocido como titular de una “tarjeta verde”.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.