OAN Staff Brooke Mallory
Miércoles, 9 de julio de 2025
El martes, la Suprema Corte anuló una orden de un tribunal inferior que bloqueaba los despidos masivos de empleados federales en casi dos docenas de agencias, mientras avanza la batalla legal sobre los planes del presidente Donald Trump para reducir drásticamente el despilfarro, el fraude y el abuso en el gobierno.
La juez Ketanji Brown-Jackson fue la única voz disidente en la decisión de la Corte Suprema, por 8 votos a 1, de anular la orden judicial que bloqueaba los recortes de personal federal de la administración Trump.
La orden del Tribunal Superior allana el camino para que la administración Trump reanude sus esfuerzos para reorganizar y reducir el tamaño del gobierno federal, que ha estado liderado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca.
El Departamento de Justicia recurrió a la Corte Suprema en busca de ayuda de emergencia después de que un juez federal ordenara en mayo detener los recortes de empleos y la aplicación de otras órdenes del DOGE para recortar drásticamente los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) o el personal innecesario.
“Dado que es probable que el gobierno tenga éxito en su argumento de que la orden ejecutiva y el memorando son legales, y dado que se cumplen los demás factores que influyen en la concesión de la suspensión, concedemos la solicitud”, declaró el tribunal. “No expresamos ninguna opinión sobre la legalidad de ningún plan de reducción de personal ni de reorganización de agencias elaborado o aprobado de conformidad con la orden ejecutiva y el memorando. El tribunal de distrito prohibió la implementación o aprobación posterior de los planes basándose en su opinión sobre la ilegalidad de la orden ejecutiva y el memorando, no en una evaluación de los planes en sí. Dichos planes no se encuentran ante este tribunal”.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que disintió de la decisión del Tribunal, aunque criticó a la mayoría por mostrar “entusiasmo por dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una situación de emergencia”.
En una declaración separada, la jueza Sonia Sotomayor también afirmó que el presidente republicano carece de autoridad para reestructurar las agencias federales de una manera que contravenga los mandatos del Congreso. Sin embargo, los planes específicos de la agencia para la reducción de personal “aún no se han presentado ante la Corte Suprema”, por lo que votó junto con la mayoría.
“Por lo tanto, no tenemos la oportunidad de considerar si pueden y se llevarán a cabo conforme a las limitaciones de la ley”, escribió Sotomayor. “Me uno a la suspensión del tribunal porque deja al tribunal de distrito la libertad de considerar esas cuestiones en primera instancia”.
Además, la Fiscal General Pam Bondi aplaudió el fallo de la Suprema Corte.
“El fallo impidió que tribunales inferiores sin ley restringieran la autoridad del presidente Trump sobre el personal federal; otra victoria de la Corte Suprema gracias a los abogados [del Departamento de Justicia]. Ahora, las agencias federales pueden ser más eficientes que nunca”, escribió Bondi.
Sin embargo, como se esperaba, una coalición de sindicatos progresistas, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales que interpusieron la demanda expresaron su profunda decepción con la decisión de la Suprema Corte.
“La decisión de hoy ha asestado un duro golpe a nuestra democracia y pone en grave peligro los servicios de los que depende el pueblo estadounidense. Esta decisión no cambia el hecho simple y claro de que reorganizar las funciones gubernamentales y despedir masivamente a trabajadores federales de forma aleatoria sin la aprobación del Congreso no está permitido por nuestra Constitución”, declararon las partes demandantes en una declaración conjunta.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.