OAN Staff Brooke Mallory
Viernes, 6 de junio de 2025
El viernes, la Corte Suprema autorizó a funcionarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de la administración Trump a obtener datos de la Administración del Seguro Social.
El Tribunal Superior concedió una petición de emergencia presentada por funcionarios republicanos que buscaban anular la orden judicial de un juez federal progresista emitida en Maryland.
En una victoria para Trump, una orden sin firmar estipulaba que los miembros del equipo del DOGE asignados a la Administración del Seguro Social debían tener acceso a los registros de la agencia en cuestión para que pudieran realizar su trabajo.
La impugnación legal de las acciones de DOGE fue interpuesta por la organización de defensa de la izquierda Democracy Forward, que representa a dos sindicatos —la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales y la Federación Estadounidense de Maestros— junto con la Alianza para los Jubilados Estadounidenses.
El grupo emitió una declaración conjunta con el objetivo de incitar al miedo y lanzar acusaciones infundadas contra la administración republicana.
“Este es un día triste para nuestra democracia y un día aterrador para millones de personas”, declararon los grupos en un comunicado. “Este fallo permitirá al presidente Trump y a las filiales de DOGE robar datos privados y personales de los estadounidenses”.
Sin embargo, la Casa Blanca elogió rápidamente el fallo de “sentido común”.
“Que la Corte Suprema permita a la administración Trump llevar a cabo esfuerzos sensatos para eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso, y modernizar los sistemas de información gubernamentales es una gran victoria para el Estado de derecho”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, en un comunicado.
La jueza federal de distrito Ellen Hollander, nombrada por el presidente demócrata Barack Obama, dictaminó previamente que el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) no tenía una necesidad legítima de acceder a los datos específicos en cuestión. El Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito de Estados Unidos, con sede en Richmond, Virginia, se negó a revocar el fallo de Hollander, lo que llevó a la administración Trump a presentar un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.
En un fallo separado pero concurrente relacionado con DOGE, la Corte Suprema también concedió otra petición de la administración Trump.
Esta decisión permite temporalmente a la administración proteger a DOGE del cumplimiento de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) que buscan acceder a miles de páginas de documentos internos.
Esta acción formaliza una orden provisional emitida por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, el 23 de mayo, que suspendió los fallos de los tribunales inferiores mientras la Corte Suprema deliberaba sobre el curso de acción apropiado. La Corte también ordenó a los tribunales inferiores que limitaran el alcance de los materiales sujetos a divulgación.
Esto significa que el gobierno de Trump está temporalmente exento de cumplir con las solicitudes de documentos y de permitir la declaración de la administradora de DOGE, Amy Gleason, como ordenó previamente un tribunal inferior, mientras el litigio siga en curso.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.