OAN Staff Brooke Mallory
Jueves, 2 de octubre de 2025
Un juez de inmigración estadounidense en Baltimore denegó la solicitud de Kilmar Abrego García de reabrir su caso de asilo de 2019. Sin embargo, el fallo, emitido el miércoles, no marca necesariamente el fin de la batalla legal en curso.
Abrego García tiene 30 días para presentar su apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
El inmigrante indocumentado, originario de El Salvador, ingresó ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente. En 2019, fue detenido por las autoridades migratorias y solicitó asilo, pero no fue elegible por haber excedido su tiempo de permanencia en el país.
Sin embargo, el juez de inmigración dictaminó en ese momento que no sería deportado a El Salvador.
En marzo, la administración del presidente Donald Trump lo deportó a El Salvador y lo recluyó en la infame prisión CECOT. Su caso se convirtió en un punto de encuentro para quienes critican la ofensiva migratoria del presidente republicano, a pesar de que Ábrego García ha sido acusado de varios delitos, como tráfico de personas y pertenencia a la pandilla MS-13.
Tras ser devuelto a Estados Unidos, fue acusado de tráfico de personas e inmigrantes indocumentados, por lo que las autoridades federales le levantaron cargos inmediatamente.
Ábrego García ahora enfrenta cargos penales en Tennessee derivados de una detención de tráfico de 2022. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) también busca deportarlo a un tercer país, proponiendo primero Uganda y luego Esuatini, una pequeña nación del sur de África donde el rey aún ostenta el poder absoluto.
Mientras tanto, sus abogados han denunciado tanto los cargos penales como los intentos de deportación, calificándolos como intentos de “castigarlo por enfrentarse a la administración”.
La solicitud de Ábrego García de reabrir su caso de asilo conlleva un alto riesgo. De ser aprobada, podría otorgarle una tarjeta de residencia y un camino hacia la ciudadanía. De ser denegada, un juez de inmigración podría despojarlo de su protección contra la deportación a El Salvador, lo que podría llevarlo de regreso al infame Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT), o incluso enviarlo a otro país con condiciones igual o peores.
Funcionarios de la administración Trump han etiquetado repetidamente a Ábrego García como miembro de la pandilla MS-13. Han citado tanto sus tatuajes en las manos como una fuente gubernamental que confirmó personalmente su pertenencia a la pandilla.
Recientemente, los abogados de Ábrego García también presentaron mociones solicitando una orden de censura contra la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, argumentando que no podrá recibir un juicio justo debido a lo que describieron como “declaraciones altamente perjudiciales, provocadoras y falsas” hechas sobre él.
Si bien el juez federal de Tennessee puede prohibir a algunos fiscales hacer declaraciones “perjudiciales”, no está claro si su autoridad se extiende al DHS, que publicó información sobre el fallo del tribunal de inmigración sobre X el miércoles.
“…Sus abogados intentaron luchar contra su deportación de Estados Unidos, pero una cosa es segura: este salvadoreño no podrá permanecer en nuestro país. Nunca más se le permitirá abusar de estadounidenses inocentes. Nunca olviden que los demócratas viajaron a un país extranjero con el dinero de los contribuyentes estadounidenses para compartir el pan con este pandillero terrorista y visitarlo en prisión. Mientras ellos continúan luchando por los inmigrantes ilegales delincuentes, nosotros seguiremos priorizando la seguridad del pueblo estadounidense.”
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
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