OAN Staff Brooke Mallory
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Los abogados de Kilmar Abrego García acusaron el martes a los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) de “persecución vengativa y selectiva”, presentando una moción para desestimar los cargos de tráfico de personas en su contra.
La suspensión temporal de la jueza magistrada estadounidense Barbara Holmes expirará el viernes. Los abogados de García afirman que, una vez finalizada la suspensión, podría ser liberado de la custodia de Tennessee, aunque su liberación dependerá de los procedimientos migratorios y federales en curso.
Un fallo independiente del mes pasado ordenó que, de ser liberado, sería devuelto a Maryland. Sin embargo, la liberación de la custodia de Tennessee no significa que esté libre en sentido general; más bien, se trata de un traslado procesal a Maryland bajo estricta supervisión judicial.
En la moción de 25 páginas, sus abogados argumentaron que el gobierno de Trump persiguió a su cliente “porque se negó a aceptar la violación de su derecho al debido proceso por parte del gobierno”.
“Kilmar Ábrego García ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos”, afirmaron sus abogados.
El salvadoreño, inmigrante indocumentado, fue deportado en marzo a la megacárcel CECOT de El Salvador, y el gobierno de Trump alegó vínculos con la pandilla MS-13, una afirmación que él aún niega. Posteriormente, Ábrego García fue trasladado de regreso a Estados Unidos en mayo para enfrentar cargos en Tennessee tras ser acusado de transportar de contrabando a otros inmigrantes indocumentados.
En la presentación del martes, sus abogados declararon que Ábrego García había sido “devuelto sin siquiera una multa de tránsito” tras ser detenido por la Patrulla de Carreteras de Tennessee en 2022 mientras conducía un automóvil que transportaba a otros nueve inmigrantes indocumentados, lo que implica que la presión actual de las autoridades es injustificada.
“Sin embargo, tres años después, sin relación alguna, el gobierno detuvo al Sr. Abrego en la calle, junto con otras personas con un estatus migratorio similar, como parte de una ofensiva de control migratorio para generar conmoción y pavor”, agregaron.
Tras la deportación de Ábrego García, sus abogados también afirman que el gobierno “no respondió con arrepentimiento ni con ningún esfuerzo por corregir su error, sino con desafío”.
“Un grupo de los más altos funcionarios de Estados Unidos buscó venganza: iniciaron una campaña pública para castigar al Sr. Ábrego por atreverse a defenderse, lo que culminó en la investigación criminal que condujo a los cargos en este caso”.
Además, en su presentación, sus abogados argumentaron que los funcionarios de Trump ahora están utilizando el caso penal para castigar a su cliente por “luchar con éxito contra su deportación ilegal”.
“Eso es una violación constitucional de la más básica naturaleza”, continuaron. “La acusación debe ser desestimada”.
Sin embargo, el abogado del Departamento de Justicia que inicialmente afirmó que la deportación de Ábrego García fue un “error administrativo” fue posteriormente suspendido administrativamente y posteriormente despedido por hacer la “declaración falsa y engañosa”. A pesar de ello, los principales medios de comunicación han seguido citando la declaración de ese abogado como prueba de que la deportación fue injusta.
El subjefe de gabinete para políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, también ha defendido sistemáticamente la deportación de Ábrego García. En abril de este año, Miller se dirigió a la prensa a las afueras de la Casa Blanca, explicando que la deportación estaba justificada, ya que Ábrego García se encontraba en Estados Unidos sin documentos y tenía vínculos con la pandilla MS-13.
Enfatizó que la decisión de deportarlo se basó tanto en preocupaciones de seguridad nacional como en su estatus legal. Miller también criticó la idea de que Estados Unidos esté obligado a monitorear las condiciones de las personas deportadas, sugiriendo que dichas responsabilidades deberían recaer en el país que recibe al deportado.
CRONOLOGÍA DEL CASO DE KILMAR ABREGO GARCIA
2019
Orden inicial de deportación: Las autoridades estadounidenses ordenan la deportación de Ábrego García.
Un tribunal bloquea la deportación: Un tribunal estadounidense confirmó su solicitud de asilo alegando “amenazas creíbles de las pandillas en El Salvador”, específicamente Barrio 18, y bloqueó su expulsión. La pandilla Calle 18 (Barrio 18) tiene una rivalidad violenta y de larga data con la Mara Salvatrucha (MS-13), con la que Abrego García irónicamente afirma no tener ninguna relación.
2023–2024
Deportación: Abrego García es deportado a su país de origen, El Salvador.
Regreso a Estados Unidos: Es trasladado de regreso a Estados Unidos para ser puesto bajo custodia, esta vez por cargos de tráfico de personas derivados de una detención de tráfico en Tennessee en 2022.
2025
Junio – Fallo judicial en Maryland: Un juez federal dictamina que el gobierno estadounidense no puede detenerlo ni deportarlo inmediatamente tras su liberación.
Detención en Tennessee: Permanece bajo custodia federal en Tennessee debido a un proceso legal en curso por tráfico de personas.
Julio – Orden judicial en Maryland: El tribunal establece explícitamente que, si es liberado de la custodia en Tennessee, debe ser devuelto a Maryland.
Agosto – Estancia temporal en Tennessee: La magistrada federal Barbara Holmes emite una suspensión temporal de su libertad en Tennessee, suspendiendo su traslado o liberación durante 30 días.
Lo que sigue
La moción para desestimar los cargos de tráfico de personas está pendiente. Si se deniega, el caso pasará a juicio. El gobierno debe cumplir con la orden judicial de notificar con 72 horas de anticipación cualquier intento de deportación. Podrían iniciarse otros procedimientos legales si el gobierno intenta impugnar la orden de protección.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
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